Las niñas bonitas no pagan dinero

El jueves 13 de diciembre el Ayuntamiento de Gandia aprobó una moción conjunta de los cuatro grupos políticos con representación (PSOE, PP, PdG y BNV-EV) en la que se instaba a la creación de una zona de amarres públicos en el puerto de Gandia y transitoriamente, se prorrogaban las subvenciones que se dan a las personas que tenían un amarre “en precario” en una zona donde ahora se construyen amarres para mega yates. Hasta aquí podría entenderse todo.

Lo que me asombra es que por parte de algunos grupos se pretenda que los nuevos amarres que se creen tengan que ser necesariamente para aquellas personas que fueron desalojadas, creando a mi entender, un agravio con quienes pudieran querer optar a uno de esos nuevos amarres.

El representante de la asociación Gandia Náutica, que pidió la palabra en el pleno, expuso claramente su postura: 1-Ser reubicados en el interior del puerto 2-Que se mantengan las subvenciones mientras tanto 3-Que todos los miembros de la asociación tengan garantizado que tendrán un amarre público.

Con todo el respeto, hay cosas que no pueden ser como a ellos les gustaría. Al representante de la asociación, especialmente no le gustó que el alcalde Orengo insistiera en que las nuevas plazas saldrían mediante un concurso público al que podrían presentarse otras personas y en el que se atendería a razones socioeconómicas, entre otras. Y es que es curioso, pero resulta que le estamos pagando entre todos unas subvenciones a varias de esas personas que, por su nivel de renta, no las precisan para practicar ese deporte.

No hablamos (en su mayor parte) de un medio de vida y es justo reconocer que sí que hay parte de esas personas que gracias a estas ayudas pueden seguir practicando este deporte, pero hay que aclarar algunos conceptos:

1.- Estas personas se vieron beneficiadas durante 15 años de un permiso “en precario”, es decir, en cualquier momento les podían hacer abandonar sus amarres (como así fue), que además era a un coste mínimo para ellos.

2.- Los espacios en el puerto son limitados y todos debemos tener la oportunidad de tener acceso a esos amarres públicos y de menor precio que los privados cuando hayan sido creados.

3.- Las subvenciones que se les pagan, si bien se hace como muestra de buena voluntad del ayuntamiento y mientras se pueda crear esa marina pública, son injustas, pues no miran la capacidad económica del beneficiario.

Finalmente, la moción hablaba de embarcaciones de hasta 8 metros… y ante esa situación habría que plantearse, si mañana se crea una asociación de dueños de coches BMW o Mercedes de sesenta mil euros o más, ¿alguien entendería que entre todos les pagásemos la cochera?

Mi conclusión personal… hay que garantizar que haya amarres, no necesariamente públicos, pero en los que se pueda garantizar que aquellos que tienen menos capacidad económica puedan disfrutar de un “precio público”, por un período concreto (nunca indefinido como era antes) y a los que cualquier persona pueda aspirar a su adjudicación. Eso es lo justo, y lo que pide la asociación, simplemente no.